Las autoridades israelíes mantuvieron el bloqueo de la Franja de Gaza, prolongando así la crisis humanitaria del territorio, y continuaron restringiendo la circulación de la población palestina en los Territorios Palestinos Ocupados.
Fuente: Amnistía Internacional
En Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, las autoridades siguieron construyendo la valla/muro, que discurría en gran parte por territorio palestino, y ampliando los asentamientos, en contravención del derecho internacional. También demolieron viviendas e instalaciones palestinas en Cisjordania, así como casas de familias palestinas con ciudadanía israelí dentro de Israel, sobre todo en los pueblos “no reconocidos” del Néguev. El ejército israelí utilizó con frecuencia fuerza excesiva y, en ocasiones, medios letales contra manifestantes, en Cisjordania, y contra civiles, en áreas fronterizas de la Franja de Gaza. Las fuerzas militares israelíes mataron a 55 civiles en los Territorios Palestinos Ocupados, incluidos 11 menores de edad. En Cisjordania aumentó la violencia de los colonos israelíes contra la población palestina y se cobró la vida de tres personas. En general, los colonos y militares israelíes acusados de abusos contra la población palestina eludían la rendición de cuentas. Las autoridades no emprendieron investigaciones independientes sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes durante la operación “Plomo Fundido” de 2008 y 2009. Las autoridades israelíes detuvieron a miles de personas palestinas de Cisjordania. Más de 307 fueron sometidas a detención administrativa, sin cargos ni juicio, y otras fueron condenadas a prisión en juicios militares. Al concluir 2011, Israel mantenía presas a más de 4.200 personas palestinas. Siguieron recibiéndose informes sobre tortura y malos tratos a personas detenidas.
Fracasaron los esfuerzos de la comunidad internacional en favor de la reanudación de las negociaciones entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Israel se opuso a la solicitud de la Autoridad Nacional Palestina de que la ONU la admitiera como miembro de pleno derecho y, tras la admisión de Palestina como miembro de la UNESCO, el gobierno israelí retuvo temporalmente los impuestos y aranceles que debía traspasar a la Autoridad Nacional Palestina.
De julio a octubre, cientos de miles de israelíes participaron en manifestaciones pacíficas para reivindicar viviendas a precios más asequibles y mejoras en los sistemas de salud y educación.
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Israel mantuvo su bloqueo militar de Gaza, en vigor desde 2007, y en marzo cerró el paso de Karni, con lo que Kerem Shalom pasó a ser el único punto de acceso para mercancías, a pesar de su escasa capacidad. Con el bloqueo se prolongó una crisis humanitaria que afectaba a toda la población de Gaza: 1,6 millones de personas, más del 70 por ciento de las cuales dependían de la ayuda humanitaria. Se mantuvo la prohibición casi total de las exportaciones, que asfixiaba la economía, y la severa restricción de las importaciones dio lugar a la escasez y al encarecimiento de los productos. El bloqueo constituía un castigo colectivo, contrario al derecho internacional, y perjudicaba sobre todo a la población infantil y a los enfermos. Las autoridades israelíes obstaculizaron o impidieron la salida de Gaza de cientos de personas enfermas para recibir tratamiento médico. En mayo, Egipto abrió el paso de Rafah a los habitantes de Gaza, aunque controlando estrictamente los movimientos de entrada y salida del territorio. Al menos 36 palestinos murieron en accidentes en túneles utilizados para el contrabando de mercancías entre Egipto y Gaza o en ataques aéreos lanzados por Israel contra dichos túneles. La marina israelí impidió el paso a varias flotillas internacionales que trataban de romper el bloqueo de Gaza. En septiembre, un comité de investigación de la ONU concluyó que el bloqueo naval de Gaza era legítimo, pero no abordó la legalidad de todo el régimen de clausura que se imponía al territorio.
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Más de 500 barreras y puestos de control del ejército israelí seguían dificultando el acceso de la población palestina a sus lugares de trabajo, escuelas y hospitales en Cisjordania, al tiempo que Israel continuaba construyendo una valla/muro de 700 kilómetros que discurría en su mayor parte por territorio palestino y separaba a miles de agricultores palestinos de sus tierras y recursos hídricos. La población palestina de Cisjordania con permisos de entrada a Jerusalén podía utilizar sólo 4 de los 16 puestos de control de la valla/muro. Se negaba a los palestinos el acceso a zonas cercanas a los asentamientos israelíes, cuyo establecimiento y mantenimiento violaba el derecho internacional. Aumentó la construcción de asentamientos, y al concluir 2011 más de 500.000 personas vivían en asentamientos de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Debido a las restricciones de circulación, para llegar a la ciudad más cercana, unas 200.000 personas de 70 pueblos palestinos se veían obligadas a dar rodeos de dos a cinco veces más largos que la ruta directa, lo que socavaba su acceso a servicios básicos.
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Por lo general, las autoridades israelíes denegaban el permiso de construcción a los palestinos residentes en Jerusalén Oriental y en la zona C de Cisjordania, donde Israel seguía teniendo plena autoridad en materia de urbanismo, con lo que obstaculizaban el ejercicio de su derecho a una vivienda adecuada. Las autoridades israelíes intensificaron en Cisjordania la demolición de viviendas y otras edificaciones palestinas construidas sin permiso, y durante 2011 destruyeron más de 620 estructuras. Como resultado de ello, casi 1.100 palestinos se vieron desplazados, lo que supuso un incremento del 80 por ciento con respecto a 2010; además, destruyeron 170 cobertizos para animales y 46 depósitos de agua, lo que afectó a más de 4.200 personas. Debido a su vulnerabilidad, resultaron especialmente damnificadas las comunidades beduinas y de pastores, algunas de las cuales corrían peligro de ser desplazadas permanentemente a causa de las severas restricciones de circulación, las reiteradas demoliciones y la violencia de los colonos.
- En junio, las fuerzas israelíes llevaron a cabo repetidas demoliciones en Hadidiya, comunidad de pastores del norte del valle del Jordán, donde destruyeron 33 estructuras y dejaron a varias familias
Las autoridades intensificaron también las demoliciones de viviendas palestinas dentro de Israel, sobre todo en pueblos “no reconocidos” oficialmente, donde se prohibía toda construcción. En septiembre, el Consejo de Ministros aprobó planes para regular las construcciones beduinas “ilegales” en la región meridional del Néguev que, de aplicarse, podían suponer la expulsión forzosa de Israel de miles de ciudadanos palestinos.
- Durante 2011 se destruyeron al menos 20 veces chozas y otras estructuras en Al Araqib, pueblo “no reconocido” del Néguev, donde ya se habían llevado a cabo demoliciones en 2010. En julio, las autoridades israelíes demandaron a los habitantes del pueblo, a los que reclamaron 1,8millones de nuevos shekels (aproximadamente 500.000 dólares estadounidenses) por el coste de las reiteradas demoliciones y desalojos.
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Las fuerzas israelíes emplearon munición real y fuerza excesiva contra manifestantes palestinos en Cisjordania, así como contra otros manifestantes en las fronteras de Líbano y Siria. También utilizaron estos medios para obligar a respetar la “zona de exclusión” dentro de Gaza y en su costa. Mataron a 55 civiles palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados, de los que 11 eran menores de edad. De ellos, 22 civiles, entre ellos 9 menores, murieron por fuego israelí en las zonas restringidas de Gaza, tanto terrestres como marítimas. El ejército emprendió investigaciones internas sobre algunos de estos incidentes, pero éstas no fueron independientes ni transparentes.
- Según informes, hasta 35 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas cuando soldados israelíes dispararon contra miles de refugiados palestinos y otras personas que se manifestaron el 15 de mayo y el 5 de junio en la frontera de Líbano con Israel y en la frontera de Siria con el Golán, ocupado por Israel. Algunos manifestantes habían arrojado piedras o cruzado la frontera de los Altos del Golán, pero no tenían armas de fuego ni representaban una amenaza directa para la vida de los soldados. Israel rebatió la cifra de muertes y sus circunstancias.
- En el pueblo cisjordano de Al Nabi Saleh, los soldados israelíes utilizaron reiteradamente fuerza excesiva para reprimir a palestinos que se manifestaban contra la valla/muro y a participantes en protestas contra la expansión de los asentamientos. El 9 de diciembre hirieron de muerte a Mustafa Tamimi, de 28 años, quien, tras haber lanzado una piedra contra un jeep militar, fue alcanzado en la cara por una granada de gas lacrimógeno disparada a corta distancia, en contra de lo establecido por la normativa militar.
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En enero, la Comisión Turkel de Israel concluyó que las fuerzas israelíes no habían violado el derecho internacional humanitario en mayo de 2010, cuando atacaron a una flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza y mataron a nueve ciudadanos turcos. No obstante, la Comisión continuó sin explicar dichas muertes.
Aunque la policía militar continuaba investigando incidentes concretos de la operación “Plomo Fundido”, las autoridades siguieron sin tomar medidas para emprender investigaciones creíbles e independientes sobre los presuntos crímenes de guerra y los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas israelíes en 2008 y 2009 durante esa operación, en la que murieron cientos de palestinos.
En general, los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes acusados de abusos contra palestinos eludían la rendición de cuentas. Las autoridades israelíes abrieron investigaciones en el marco de sus procedimientos rutinarios, pero éstas pocas veces dieron lugar a acciones judiciales. La ONG israelí Yesh Din comunicó que, de las investigaciones sobre presuntos actos de violencia cometidos por colonos que venía siguiendo desde 2005, casi el 90 por ciento se habían cerrado ya, al parecer por fallos de procedimiento. Además, añadió que sólo se había dictado acta de acusación formal en el 3,5 por ciento de las denuncias presentadas por palestinos ante las autoridades militares israelíes sobre presuntas violaciones de derechos cometidas por soldados israelíes entre 2000 y 2010.
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Durante 2011, las autoridades israelíes mantuvieron recluidos sin cargos ni juicio a un mínimo de 307 palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados, en virtud de órdenes de detención administrativa renovables, basadas en información que no se revelaba ni a los propios detenidos ni a sus abogados. Entre los palestinos que quedaron en libertad a cambio de la liberación de Gilad Shalit por Hamás figuraban tres mujeres sometidas a detención administrativa.
- Ahmad Qatamesh, escritor y profesor universitario, fue detenido en abril y recluido en virtud de una orden de detención administrativa de seis meses que se renovó en septiembre; al concluir 2011 continuaba privado de libertad. Era preso de conciencia.
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Como venían haciendo desde junio de 2007, las autoridades israelíes continuaron prohibiendo a los presos palestinos de Gaza recluidos en prisiones israelíes recibir visitas de familiares. Aunque durante 2011 se excarceló a más de 200, al terminar el año aún quedaban unos 440 en las cárceles israelíes. Asimismo, las autoridades israelíes denegaban con frecuencia los permisos de visita familiar a los presos cisjordanos, alegando imprecisos motivos de “seguridad”.
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Se seguía enjuiciando a los palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados ante tribunales militares y se les negaba sistemáticamente el acceso a abogados durante los interrogatorios en prisión preventiva. El 27 de septiembre, de conformidad con la orden militar núm. 1676, la edad mínima para que los palestinos pudieran ser juzgados ante tribunales militares israelíes pasó de 16 a 18 años. Previamente, estos tribunales juzgaban a los niños de 16 y 17 años en las mismas condiciones que a los adultos. Sin embargo, la nueva orden no exigía que se facilitara a los menores de edad detenidos el acceso a asistencia letrada ni que se evitara recluir junto con adultos a los que tuvieran más de 16 años.
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Siguieron recibiéndose denuncias de tortura y otros malos tratos, infligidos incluso a menores de edad. Entre los métodos más citados figuraban las palizas, las amenazas contra la persona detenida o contra su familia, la privación del sueño y el mantener a los detenidos en posturas dolorosas y atados con grilletes durante períodos prolongados. Los tribunales militares israelíes aceptaban como prueba confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción.
- Islam Dar Ayyoub, de 14 años, fue detenido el 23 de enero, hacia las dos de la madrugada, en su casa, en el pueblo de Al Nabi Saleh, en Cisjordania. Con los ojos vendados y esposado, lo trasladaron en un jeep militar, atravesando el cercano asentamiento de Halamish, hasta la comisaría de policía del asentamiento de Maale Adumim. Allí lo interrogaron durante horas, sin la presencia de un abogado y sin dejarle descansar, comer ni ir al baño. La información que obtuvieron de él durante el interrogatorio se utilizó para incriminar a Bassem Tamimi por la organización de protestas en Al Nabi Saleh.
- En febrero, Dirar Abu Sisi, ingeniero de Gaza, fue trasladado por la fuerza a Israel desde Ucrania y recluido en la prisión de Shikma, junto a la localidad de Asquelón, donde le negaron el acceso a un abogado durante 25 días. En abril fue acusado de diseñar cohetes para el brazo militar de Hamás. Las autoridades israelíes afirmaban que había confesado, pero sus abogados aseguraron que la confesión se había obtenido mediante tortura. Al acabar el año, continuaba recluido y sometido, según informes, a régimen de aislamiento.
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El Parlamento israelí aprobó leyes que restringían la libertad de expresión y asociación, incluida una norma que castigaba el llamamiento al boicot contra personas o instituciones israelíes en Israel o en los asentamientos israelíes de Cisjordania. Otra ley penalizaba la conmemoración de la Nakba (“desastre”, término utilizado por los palestinos para referirse a la ocupación de 1948) por instituciones o municipios. Asimismo, el Parlamento debatió un proyecto de ley para limitar o impedir la recepción de fondos de gobiernos extranjeros a ONG israelíes de derechos humanos, sobre todo a las que habían facilitado en 2009 información a la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza. Al concluir 2011 dicho proyecto de ley aún no se había aprobado.
Los activistas palestinos de Cisjordania que organizaban protestas contra la valla/muro y contra la presencia de asentamientos ilegales israelíes seguían siendo detenidos y juzgados ante tribunales militares israelíes, incluso si lo hacían pacíficamente. Las autoridades israelíes detuvieron al menos a 14 periodistas palestinos y sometieron a dos de ellos a detención administrativa.
- En enero, un tribunal militar de apelación amplió de un año a 16 meses la condena impuesta a Abdallah Abu Rahma, habitante de la localidad de Bilin, por sus actividades pacíficas contra la valla/muro. Sirviéndose de declaraciones de menores de edad obtenidas con coacción, lo habían declarado culpable de promover y organizar manifestaciones ilegales. Era preso de conciencia. Quedó en libertad en marzo tras haber cumplido íntegramente su condena.
- Bassem Tamimi, veterano activista que se oponía pacíficamente a las políticas israelíes, fue detenido el 24 de marzo y, posteriormente, acusado de organizar protestas en el pueblo de Al Nabi Saleh. Al concluir 2011 permanecía bajo custodia mientras era sometido a un juicio militar. Era preso de conciencia.
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Las autoridades israelíes seguían negando el acceso a procedimientos de determinación de la condición de refugiado a los solicitantes de asilo eritreos y sudaneses, que representaban aproximadamente el 80 por ciento de los 45.000 solicitantes de asilo presentes en Israel. Sólo se les facilitaba documentación provisional y no se les permitía trabajar ni utilizar los servicios públicos de salud y asistencia social. Únicamente se concedió la condición de refugiado a un reducido número de solicitantes de asilo de otros países.
En el Parlamento se abrieron camino nuevas y duras medidas para disuadir a futuros solicitantes de asilo. En marzo, el Parlamento aprobó la primera lectura de un proyecto de ley de Prevención de la Infiltración, en virtud del cual se podía encarcelar durante tres o más años a los migrantes y solicitantes de asilo indocumentados. En septiembre, el Consejo Nacional de Construcción y Planificación dio a conocer un proyecto de apertura de un centro de detención para solicitantes de asilo, con 10.000 camas, junto a la frontera de Israel con Egipto. Pese a que en marzo el ejército israelí decidió suspender las llamadas “devoluciones calientes” –devoluciones de solicitantes de asilo que pasaban de Egipto a Israel sin revisar siquiera sus solicitudes de asilo–, las ONG siguieron documentando nuevos casos de devolución a Egipto hasta julio.
