Según la asociación de presos políticos y derechos humanos Addameer, aproximadamente 2000 presos palestinos en cárceles israelíes tomaron parte en una campaña masiva de huelgas de hambre el pasado abril. Las principales razones para la huelga eran el uso abusivo del régimen de aislamiento por “razones de seguridad”, habiendo casos de presos que han llegado a estar 10 años aislados; la revocación de las medidas utilizadas contra presos palestinos como castigo tras la captura del soldado israelí Gilad Shalit, que prohíben las visitas de familiares a presos para todos las personas de Gaza desde 2007 así como les niegan el acceso a la educación universitaria desde junio de 2011. Otra de las principales demandas es el fin de las detenciones administrativas, procedimiento mediante el cual los palestinos son encarcelados indefinidamente sin cargos ni juicio.
La huelga masiva terminó el 14 de mayo gracias a un acuerdo en el que el Servicio de Prisiones Israelí accedió a limitar el uso del régimen de aislamiento, permitir visitas familiares a los presos de Gaza así como restringir el uso de la detención administrativa. Sin embargo, ya se han incumplido algunos de los acuerdos, por ello, Samer Al Bark, Hassan Safadi, Akram Rikhawi y Mahmoud Sarsak recomenzaron la huelga de hambre. Este último fue liberado el pasado 10 de julio, tras 3 meses de ayuno y 3 años detenido sin juicio. Rikhawi abandonó la huelga después de 103 días, el 23 de julio tras llegar a un acuerdo sobre su liberación. Los demás continúan su protesta, Al Bark lleva 64 días y Safadi 33. Ayman Sharawna, retenido mediante una detención administrativa, se unió a la huelga el 1 de julio.
Detención administrativa
El uso de la detención administrativa es una de las razones principales de la protesta. Este procedimiento permite a los militares israelíes la detención de individuos durante periodos de 6 meses renovables si tienen “motivos razonables para suponer que la seguridad pública o del área requieren la detención”. No se definen los términos “seguridad del área” o “seguridad pública”, dando lugar a interpretaciones arbitrarias. Justo antes de la fecha de expiración de la orden de detención, con frecuencia es renovada sin que exista un tiempo límite máximo para las detenciones administrativas. Por tanto, permitiendo detenciones legales indefinidas.
Ni las personas detenidas ni sus abogados son informados de los motivos de la detención, ni de las pruebas existentes contra ellos. Según las Fuerzas de Defensa Israelí en la mayoría de los casos existen “pruebas secretas” por lo que son detenidos por “razones de seguridad”. Como “razones de seguridad” se incluyen la resistencia no violenta así como cualquier otro acto de resistencia contra la ocupación colonial israelí.
Torturas y tratos inhumanos y degradantes
Israel es uno de los pocos países en los que la tortura está permitida por ley desde que en 1999 el Tribunal Supremo Israelí permitió a los Servicios Generales de Seguridad el uso de cualquier método durante los interrogatorios a personas palestinas. Esta decisión se tomó bajo el pretexto de la “necesidad de defensa” de Israel, justificando así el uso de métodos de tortura como la presión física moderada, largos periodos de confinamiento, amenazas y castigos físicos entre otros. Tanto el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el órgano que observa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, han recomendado a Israel que “elimine completamente la noción de ‘necesidad’ como una justificación del uso de la tortura”.
Sin embargo, como potencia colonial ocupante, Israel ejerce su política de presión psicológica, física y económica sobre el pueblo palestino a todos los niveles. Las detenciones arbitrarias y el maltrato es parte de esta política. Según Addameer, entre 700,000 y 750,000 personas palestinas han sido detenidas desde el comienzo de la ocupación en 1967. Esto supone el 40% de los varones palestinos, incluyendo a los niños que son retenidos desde los 9 años y juzgados como adultos desde los 16. Esta cifra se explica en parte debido a las leyes militares israelís impuestas en Cisjordania y Gaza, en las que, manifestarse, llevar una bandera palestina y prácticamente cualquier actividad política están consideradas un delito.
Tanto presos como organizaciones de derechos humanos denuncian que las autoridades israelíes ejercen torturas de manera sistemática y generalizada durante la detención, interrogatorio y encarcelamiento de los palestinos con total impunidad y ante la pasividad de la comunidad internacional.
La situación de los presos en huelga de hambre
Akram Rikhawi cumple una condena de 9 años desde 2004. Ha acusado al Servicio de Prisiones Israelí de maltrato, además de desatender sus necesidades médicas. Rikhawi se encuentra desde su arresto en la cárcel médica de Ramleh, debido a que sufre varias enfermedades crónicas, entre ellas asma, diabetes, osteoporosis, problemas de riñón e inmunodeficiencia. Debido a su situación, ha solicitado dos veces la reducción de condena por motivos de salud, un derecho de los presos que han cumplido dos tercios de su condena como es su caso.
Rikhawi no recibe visitas de su familia desde 2006 debido a la restricción de las fuerzas israelíes a los presos de Gaza. Después de 103 días en huelga de hambre, ha llegado a un acuerdo para su liberación en enero de 2013.
Samer Al-Barq comenzó una huelga de hambre el 15 de abril como protesta por su detención administrativa, en curso desde noviembre de 2010. Samer abandonó la huelga junto con los demás presos de la huelga masiva el 14 de mayo, bajo el acuerdo de que las renovaciones de las detenciones administrativas estarían restringidas. Una semana después, el 22 de mayo, su detención administrativa fue renovada por tres meses adicionales. Inmediatamente Al-Barq retomó la huelga de hambre con la intención de no abandonarla hasta que se acuerde su puesta en libertad.
Hassan Safadi está encarcelado por una detención administrativa. Estuvo en huelga de hambre desde el 5 de marzo al 18 de mayo, tras 11 días retomó la huelga el 21 de junio, fecha en la que su detención administrativa fue renovada.
Ayman Sharowna salió de prisión en octubre de 2011 por el acuerdo de la liberación del soldado Gilad Shalit. Fue arrestado nuevamente el 31 de enero, lleva 24 días en huelga de hambre en protesta por su detención administrativa.