El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, rechazó abrir una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por Israel desde el 2002 en la Franja de Gaza, por considerar que “no tiene jurisdicción”. La razón del rechazo se debe a que Palestina no es un estado miembro de la ONU.
Fuente: El Tiempo / Agencias
Nuevamente un “tecnicismo” legal, salvó a Israel, lo que generó la alegría sionista, que cuestionó la competencia de la Corte en vez de demostrar “inocencia”.
La principal razón del rechazo es que la Asamblea General de la ONU no ha reconocido a Palestina como Estado miembro, según informó la oficina del fiscal. Ocampo deja así en manos de la Asamblea General dar el primer paso para decidir si La Haya puede juzgar los crímenes cometidos en Gaza.
Palestina ha sido reconocida como Estado por más de 130 países y ciertas organizaciones internacionales, pero aún tiene un estatus de observador, no de Estado miembro.
“La oficina (del fiscal) considera que son los órganos relevantes de la ONU o la Asamblea de Estados miembros quienes deben determinar legalmente si Palestina es un Estado para adherirse al Estatuto de Roma”, el documento fundacional de la Corte, indicó la oficina del fiscal.
Israel, uno de los implicados en la decisión, se “felicitó” por la decisión: Israel había “hecho saber, de entrada y claramente, que la CPI no tenía competencias en este asunto”, rezó un comunicado.
En enero del 2009, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) intentó quedar bajo el paraguas de la Fiscalía de la CPI introduciendo una declaración en la que decía aceptar el ejercicio de las investigaciones del tribunal en su territorio.
El mismo ministro de Justicia de la ANP, Ali Khashan, presentó esta demanda para someterse a la jurisdicción de la CPI, una opción para Estados que no son parte del Estatuto de Roma previsto en el artículo 12 del mismo.
Pese al debate jurídico abierto desde entonces sobre si el Estatuto de Roma abría o no esa posibilidad, Ocampo afirmó en un comunicado que debe ser la Asamblea General la que determine si los territorios palestinos tienen la calificación legal suficiente como para activar el mecanismo del artículo 12.
“En el futuro podremos considerar denuncias de crímenes cometidos en los territorios palestinos, siempre y cuando antes se haya reconocido esa jurisdicción por los órganos de la ONU o, eventualmente, la Asamblea de los Estados parte”, explicó la oficina de Ocampo.
La ANP pidió por escrito el 22 de enero del 2009 a la CPI ejercer su competencia respecto a “actos cometidos en territorio palestino a partir del primero de julio del 2002″, según el fiscal.
En aquel entonces pidieron a Ocampo que investigara “crímenes de guerra” cometidos por el ejército israelí desde el 2002, y en particular la ofensiva contra Gaza entre diciembre del 2008 y enero del 2009. En esa ofensiva hubo 1.330 muertos palestinos.